El licenciado Eric Raful Pérez, sugirió a los legisladores electos a evitar que la Ley de la Juridiscción Contenciosa-Administrativa sea “atropellada por el presidencialismo”.

La exhortación se produjo en el encuentro realizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia con los nuevgos congresistas.

El abogado definió la Ley como una legislación moderna , armonizada con lo mejor de la tradición,  constituida por principios y derechos  muy amplios.

Expresó que la Constitución, en su artículo 164, consagra  la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual establece en su párrafo primero que las y los jueces de los tribunales superiores administrativos deberán reunir los mismos requisitos exigidos a los jueces de primera instancia.

“El derecho contencioso administrativo lucha contra las inmunidades del poder ",reiteró.

De su lado, el doctor Flavio Darío Espinal, en su exposición sobre lo electoral en la nueva Constitución, destacó que la “Carta Magna le impone al legislador dos condiciones en lo concerniente a los referendos:

No podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada y requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara.

Se trata -explicó a los congresistas- de un mecanismo de consulta popular, pero con un fuerte control de parte del poder legislativo.

En tal sentido, al legislador le corresponderá definir los efectos jurídicos de las consultas populares vía referendos.

Señaló que es un desafío la participación directa de la población sin menoscabo de los mecanismos de representación.

En cuanto a los partidos políticos dijo que  de acuerdo a lo establecido en el artículo 216,  se  plantean nuevos elementos en la definición de partidos políticos como son la conformación y funcionamiento de los partidos políticos debe sustentarse en el respeto a la democracia interna.

También citó  la transparencia y  la participación ciudadana en los procesos políticos, formación y manifestación de la voluntad ciudadana respetando el pluralismo y servir al interés nacional, bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad.